Sin vueltas atrás: esa parece ser la postura del gobernador Gerardo Morales, que pese a las manifestaciones en toda la provincia de Jujuy avanzó en la reforma constitucional que penaliza la movilización callejera, responsabilizó al oficialismo nacional y profundizó la acción policial para reprimir las protestas.

Un nuevo capítulo se abrió con la represión a los profesionales de la comunicación, que ocurrió mientras manifestantes en San Salvador de Jujuy, la capital provincial, forzaban el ingreso de la Legislatura local con llamas y escombros. Ante ello, la Policía de Jujuy comenzó a reprimir discrecionalmente.

"Nos tiran con gomeras a cronistas a cámaras y cámaras de foto para no transmitir lo que está sucediendo", aseguró Marcos Sierras, fotoperiodista y trabajador de radios porteñas. "Afortunadamente, la cámara no se alcanzó a romper, se golpeó los controles. Estaba registrando cuando me estaba tirando el uniformado y de casualidad no me pegó en el ojo", agregó, en una entrevista en C5N.

En ese marco, el editor periodístico y corresponsal gráfico Eduardo Castilla, ratificó que las fuerzas de seguridad "están disparando balas de goma y la misma Policía está tirando piedras, incluso con gomeras. Le están disparando a la prensa, a mí directamente dos policías me dispararon dos veces, de manera directa al cuerpo, una me pegó y la otra no".

Entrevistado en La Izquierda Diario, detalló que llevaba chaleco con la inscripción "Prensa" y que le "dispararon a pesar de que estoy identificado como periodista". "La represión es violentísima y es la única forma que tiene Gerardo Morales de acallar una protesta que tiene una enorme legitimidad", calificó.

Este domingo, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) exigieron la "inmediata liberación de los periodistas detenidos en Jujuy", en referencia a dos corresponsales que se encontraban realizando una cobertura en las zonas de movilizaciones: Luciano Aguilar y Camilo Galli.