La noche del jueves 15 de junio la Convención Constituyente aprobó una reforma constitucional “con graves problemas de procedimiento, que no respetó los plazos previstos ni permitió la participación de distintos actores sociales”, remarcaron las organizaciones.

Horas después de su aprobación, en varios puntos de la provincia se produjeron movilizaciones de rechazo, que fueron reprimidas por las fuerzas policiales. La represión dejó cientos de personas heridas y decenas de detenidas.

Por eso un conjunto de organizaciones defensoras de derechos plantearon los problemas de legalidad y legitimidad de la reforma y solicitan a la Convención Constituyente y al gobernador de la Provincia su suspensión.

“Entendemos que es la única medida efectiva para encauzar el reclamo y asegurar un debate necesario, obligatorio y participativo de todos los sectores de la sociedad jujeña”, dice el comunicado difundido por Amnistía Internacional.

Es que recién sobre la fecha de la votación, quienes viven en Jujuy conocieron la propuesta que les convencionales aprobarían en ese mismo momento. Ese procedimiento además resulta incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en los asuntos que les afecten, como lo es el alcance y contenido sobre sus derechos en una constitución provincial.

Según el comunicado, durante el proceso no se compartieron tampoco los detalles de los artículos que impactan sobre el derecho a la protesta de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sociales, estudiantiles, políticas y sindicales. El proceso tampoco aseguró las condiciones de acceso a la información y participación pública necesaria y previa para la definición de contenidos sobre regulación ambiental. El régimen de aguas, propiedad, autorizaciones y licencias para exploración o explotación ambiental se conoció ya con el proceso de votación de la reforma cerrado.

Luego de que se aprobara el texto de la nueva Constitución, los pueblos indígenas y distintos sectores sociales y sindicales salieron a manifestarse en contra de la reforma y fueron reprimidos con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes que provocaron heridas graves. Hubo decenas de personas detenidas por resistencia a la autoridad, una figura utilizada para limitar las movilizaciones sociales y el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades.

“Avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de derechos humanos”.

En este contexto, solicitaron de manera urgente: