La propuesta hecha por un concejal de crear una comisión ad hoc en el Concejo Metropolitano de Quito para fiscalizar el proceso de contratación del metro pudo haber tenido funestas consecuencias para la renegociación del contrato que el alcalde se ha propuesto llegar con el operador. La iniciativa buscaba desprestigiar y explotar políticamente a la concesión que hizo la administración anterior con un examen por fuera de los mecanismos legales ya existentes, pero no tuvo el apoyo ni siquiera de todo el bloque correísta. De haberlo tenido se hubiera acentuado la desconfianza en la firma concesionaria y malogrado los planes que se ha trazado el alcalde para una renegociación más beneficiosa para la ciudad. Si bien él votó a favor de la propuesta, lo hizo cuando las cartas estaban echadas y su voto ya no era necesario. En su intervención, en cambio, recalcó que es indispensable no estresar las relaciones con la firma concesionaria para renegociar en mejores términos el contrato vigente. Dadas las ya tensas relaciones que hay entre el Municipio y la operadora, agitar las aguas con propuestas políticas podría llevar a eventuales demandas de la concesionaria por supuesto incumplimiento. El alcalde parece haber entendido la complejidad del tema, aunque se haya fisurado su mayoría en el Concejo.