Existe una problemática cuyo crecimiento es exponencial y su impacto social hace que sea un asunto impostergable en la agenda pública. Basta con ser un simple observador de los hechos amenazantes de la vida cotidiana para identificar al consumo de sustancias como el común denominador que cual conlleva, entre otras consecuencias, al deterioro del tejido social. Es decir, que no tan solo involucra a la persona en consumo sino también, a su entorno, siendo la familia, el más próximo.

Desde una perspectiva antropológica y socioeducativa, posicionamos a la familia como comunidad primigenia donde la persona forja su personalidad y desarrolla su ser relacional. Aprende a interpretar el mundo exterior desde los valores, normas y creencias recibidas y a buscar su identidad personal y sentido de pertenencia. La familia es única e irrepetible como lo es la persona y esa impronta se configura conforme a su capital. Cuando hablamos de capital familiar, nos referimos a las interacciones cotidianas que se circundan a las áreas afectiva, vincular y conductual, y hacen a la funcionalidad de su dinámica.

Una familia disfuncional, en su afán de proteger y cuidar, sin saberlo ni desearlo, establece vinculaciones codependientes, sosteniendo la patología al quebrantar la adherencia al tratamiento y al asociarse a la conducta adictiva mediante silencios, justificaciones, ocultamientos y mentiras.

Por el contrario, una familia funcional arbitra sus medios para consolidar el tratamiento, fortalece la alianza terapéutica, genera cambios endógenos y maneja situaciones de crisis evidenciando disponibilidad en el proceso.

Este esbozo conceptual apenas muestra el valor de la familia como ámbito de humanización. Cumple un rol preponderante como factor de protección para la prevención de sociopatías, así como de apoyo para la predicción de éxito terapéutico en los tratamientos de adicciones y, posterior inserción social.

Vale destacar que, cualquiera sea el escenario amerita una responsividad y corresponsabilidad inmediata por parte del Estado como garante de los derechos humanos. La red de salud pública debe contar con insumos y recursos en los dispositivos de atención primaria y de rehabilitación en concordancia con la normativa vigente. Su responsabilidad es diseñar políticas públicas en contra del narcotráfico, así como otras medidas de carácter de reparación frente a la intrusión del narcomenudeo en nuestras familias. Sobran evidencias y falta voluntad política para erradicar un negocio invaluable en desmedro de la vida de nuestros hijos y de la integridad familiar.

La escuela es un soporte innegable y excluyente en materia de prevención y de detección, al igual que la participación social por la demanda de condiciones adecuadas para el desarrollo humano es clave como estrategia para la promoción del bien común.

El escenario de hoy nos interpela a reconocer y a valorar a la familia como agente de cambio capaz de transformar realidades, de dar luchas irreversibles y de adentrarse en retos desafiantes. La familia es cuna de amor y afectividad que promueve vínculos sólidos y estables, refugio para superar las adversidades y fuente de oportunidades para forjar la mejor versión personal. Las grandes soluciones no llegan, pero tal vez, la respuesta hegemónica a este gran desafío está a mano, solo basta darse cuenta.

Docente de la Maestría en Intervención en Poblaciones Vulnerables de la Universidad Austral.