El 9 de diciembre de 2022, en Quito, empezaron a funcionar los jueces anticorrupción para todo el país. Los anhelos -y la esperanza- de una mejor justicia en esta materia se hacían realidad con 14 nuevos jueces y juezas. Pero al cabo de seis meses en sus cargos se clama por lo ‘invisible’ de su trabajo. ¿Es así?
A nivel nacional son tantos los casos de corrupción o aquellos relacionados con delincuencia organizada, que se espera que ellos dicten sentencias por millares. Total, materia prima existe. Empero, en esta unidad de justicia especializada solo se tramitan 11 causas. Y aunque esto luzca como un despropósito, no lo es.
Para empezar, la competencia de los jueces, es decir, la medida en que ellos ejercen la potestad de juzgar, siempre se define por ley y tiene reglas muy concretas que deben respetarse si se quiere garantizar el debido proceso. Por ende, en cada caso se tendrá que revisar minuciosamente si se cumplen o no todos los criterios objetivos, tanto del tipo de delito que se procesa, como de aquellas “circunstancias complementarias” que definen esa competencia. Así lo dejó claro la Corte Constitucional (sentencia 9-22-IN/22) cuando declaró la constitucionalidad condicionada del art. 230.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es el dispositivo legal por el que nace esta competencia especializada. Lo mismo hizo la Corte Nacional de Justicia (CNJ) cuando mediante Resolución Nº 07-2023, aclaró varias dudas sobre la aplicación de las reglas de competencia de los jueces anticorrupción. Entonces, esto no es un tema de voluntad o discrecionalidad, sino de legalidad.
Otro factor es el tiempo, la temporalidad. Por regla general, los procesos abiertos con anterioridad a la vigencia de la justicia especializada deben seguir sustanciándose ante los jueces ordinarios. Y las investigaciones que se encuentran en curso en Fiscalía deberán ser procesadas, según corresponda, ante los jueces anticorrupción. Es decir, toca esperar.
La justicia especializada no se agota solo con jueces. Ellos no son una isla, sino que forman parte de un sistema integral, que también debe ser especializado. Fiscalía, Policía Nacional y Defensoría Pública, ¿ya lo están?
No aspiremos a una justicia de volumen, sino a una de calidad con legalidad.
