La destituida exfiscal que ocupaba la unidad anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche volvió a insistir para que la Corte Suprema la reponga en el cargo del que fue expulsada tras un jury de enjuiciamiento por mal desempeño, en el marco de una causa donde los investigadores terminaron teniendo lazos con los investigados. El recurso de queja fue la única opción que le quedó vigente luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegara el 13 de junio el recurso extraordinario por inconstitucionalidad que había planteado para que revise la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento del año pasado. Pero en el camino, la exfuncionaria perdió el voto clave del juez del STJ Gervasio Labriola que en agosto de 2022 había votado a favor de concederle el acceso a la Corte por su juicio político, pero ahora consideró que no existe fundamento para cuestionar la decisión de su destitución.
La Corte Suprema ya dio varias muestras de que repele “fallos delivery” a pesar de que, en agosto pasado, decidió tomar el caso de Goyeneche y ordenó que se revisara su remisión a jury, algo que terminó nuevamente confirmado en todas las instancias. El proceso se desencadenó a raíz del hallazgo, en el marco de la causa “Contratos” de la que Ámbito dio cuenta del laberinto en el que quedó inmersa por su incidencia en la política entrerriana, de que uno de los imputados había compartido propiedades con Goyeneche, y de que tenía relación con su pareja, algo que fue ocultado en la instrucción del expediente porque la habría obligado a apartarse. El máximo Tribunal no incluyó el tema en su acuerdo de ayer donde confirmó condenas por narcotráfico, ratificó una multa contra el dirigente Juan Grabois y rozó las causas del falso abogado Marcelo D’Alessio y de la constructora Odebrecht, salpicada por un caso de corrupción transnacional.
El sacudón político que genera la causa “Contratos” -que tiene un guiño del máximo Tribunal para ser investigada por la justicia federal por la faceta electoral que implica el posible financiamiento partidario espurio vía contratos de la Legislatura local- generó también una pelea a nivel judicial en Entre Ríos. Esa tensión es inexplicable escindida de los lazos entre oficialismo y oposición con terminales en jueces y fiscales que pujan por quedarse con el expediente.
En ese contexto se inscribe una reunión -previa al recorrido del expediente- entre la propia Goyeneche y el entonces diputado del PRO y ahora candidato a gobernador Rogelio Frigerio, que habría sido organizada por el diputado provincial por “Juntos por Entre Ríos”, Esteban Vitor, en su casa. A ese encuentro, la exfiscal habría sido acompañada por el camarista Marcelo Baridón. Ante la consulta de este diario, desde el entorno de uno de los asistentes negaron esa reunión y el objetivo de trazar una estrategia para resistir en el cargo y tratar de avanzar en el expediente para golpear primero al PJ local. En esa maraña de expedientes conexos ya resultó condenado el exmandatario Sergio Uribarri pero la discusión gira en torno al intento de impulsar otro juicio oral donde la justicia local no sería competente por ser materia federal. Esto ya generó choques entre una jueza provincial, la Cámara, el STJ, la Procuración General, la Cámara Nacional Electoral y la propia Corte.
El revés para Goyeneche de parte del máximo tribunal entrerriano llegó de la mano del voto del juez Miguel Ángel Giorgio al que adhirieron sus pares Leonado Portela y Laura Soage. “No se encuentran presentes ninguno de los supuestos de procedencia contenidos en el art. 14 de la ley 48 que define las distintas hipótesis que pueden llegar a constituir una cuestión federal como tampoco en algunas de las causales creadas en forma pretoriana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, indicó el voto. En síntesis, lo que planteó Goyeneche era su desacuerdo con la remoción y cuestiones que son de derecho público local “ajenos a la instancia extraordinaria” de la Corte. “Los argumentos que en derredor a este tópico esboza nuevamente la recurrente resultan vagos, imprecisos y conjeturales”, la fustigaron. Le enrostraron que objetar la acusación no le impidió defenderse, presentar prueba y argumentar, algo que terminó con el dictamen para destituirla por considerar probadas las irregularidades en las que incurrió Goyeneche.
Germán Carlomagno coincidió por su voto, y sostuvo que el hecho por el que el jury desplazó a la estructura del Ministerio Público Fiscal y designó un fiscal ad hoc no tuvo incidencia. Labriola le dio la espalda también fundando en que no existe cuestión federal en la restitución que reclama y selló la unanimidad del fallo del STJ. Esto deja con mayor debilidad “la queja” ante la Corte.
