El juicio por Panamá Papers a los fundadores del estudio de abogados Mossack Fonseca por presunto lavado de activos que derivó en el caso "Lava Jato" de Brasil y otros escándalos judiciales en Argetina y más países de la región terminó este martes en Panamá. La jueza acudió al plazo legal de 30 días hábiles para emitir su veredicto, según informó la prensa internacional.

“El tribunal se acoge al término de ley para la emisión de la sentencia correspondiente”, indicó la magistrada Baloísa Marquínez al terminar el juicio, que fue televisado por Internet.

La fiscalía pidió para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, los fundadores, hasta 12 años de prisión. Además, solicitó condenas para otras 26 personas y la absolución de cuatro imputados.

Este fue protagonista del escándalo internacional Panamá Papers, en 2016, cuando se develaron cientos de trámites para la creación de empresas offshore, muchas de estas sospechadas de haber sido fundadas para lavar activos.

La operación Lava Jato, derivada de esa revelación, fue como se llamó en Brasil a la investigación de multimillonarios sobornos de varias constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, a gobiernos de América Latina y África a cambio de obras públicas.

Los fundadores de Mossack Fonseca, cuyas oficinas fueron clausuradas en 2018, fueron juzgados desde el 26 de junio pasado en un tribunal de la Ciudad de Panamá por presunto blanqueo de capitales.

"El Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) presentó al mundo, en base a información robada, un panorama desacertado de los servicios que prestábamos tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales", señaló en ese entonces la firma de abogados panameña.

Según la empresa, las publicaciones del ICIJ estaban "plagadas de especulaciones y datos fuera de contexto" y "lograron cumplir una agenda mediática orquestada por algunos organismos internacionales".

"El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes después de 40 años de crecimiento y de aportar social, cultural y económicamente a nuestro país", cerró el comunicado.

La investigación le atribuía haber omitido declarar su participación en Fleg Trading y Kagemusha. Adicionalmente, se sospechaba que las referidas sociedades podrían haber sido utilizadas para ocultar maniobras de lavado de dinero u otros activos y que podrían haber cometido algún delito de orden penal tributario.

En 2016 se denunció que la familia del expresidente se había beneficiado del blanqueo de capitales impulsado bajo su gestión. Su hermano Gianfranco Macri fue quien habría fraguado los requisitos contenidos en la ley de exteriorización sancionada por el Congreso, en 2016, para declarar como propio un “trust” que, en realidad, pertenecía a Alicia Blanco Villegas, madre de ambos e impedida legalmente para acceder a los beneficios que otorgaba la amnistía fiscal.

Macri y su familia constituyeron un "fideicomiso ciego" con el fin de administrar parte de su patrimonio mientras estuvo al frente del país pero con ese instrumento se realizaron llamativas transferencias al exterior por un total de u$s10 millones en 2019, de acuerdo a una investigación del periodista Ari Lijalad.

En esta línea, en el último año como Presidente se contabilizaron envíos de los siguientes integrantes de la familia: Gianfranco Macri (hermano), u$s5.149.132 dólares; Francisco Macri (hijo), u$S1.443.139 ; Gimena Macri (hija), 1.151.287; Agustina Macri (hija), u$S669.654; Mariano Macri (hermano), u$S169.219; Juliana Awada (esposa), u$s139.149; Florencia Macri (hermana), u$S86.000; y el propio Mauricio Macri, u$S720.000.

Diego Amarante, el juez federal en lo Penal y Económico que investigaba los movimientos financieros de dos cuentas offshore, determinó finalmente el 6 de agosto de 2019 que el exjefe de Estado debía ser sobreseído, ya que "las empresas (radicadas en paraísos fiscales) no tuvieron ganancias ni en el país ni en el exterior".

El mismo magistrado rechazó dictar el sobreseimiento a Gianfranco, por el presunto ocultamiento de una cuenta en el Banco Safra de Suiza.

La investigación había estado a cargo del juez federal Sebastián Casanello, que se declaró incompetente el 12 de abril de 2017 y la remitió al fuero penal económico.