El Gobierno de Nicaragua canceló este martes 4 de julio la personalidad jurídica de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, que se dedicaba al servicio de los pobres a través del suministro de alimentos, vestuario y oración, y ordenó expropiar sus bienes.

La disolución de esa asociación religiosa, inscrita en agosto de 2019, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch.

Según el Ministerio de Gobernación, esa oenegé fue ilegalizada por “incumplimiento a las leyes”, debido a que tenía su junta directiva vencida desde el 25 de febrero de 2021 y no reportaron estados financieros de los periodos fiscales 2020, 2021 y 2022, con lo que "obstaculizan el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro" de esa cartera.

Sobre la liquidación del patrimonio del organismo, Gobernación explicó que corresponderá proceder a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.

Ese acuerdo ministerial se da dos días después de que la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina y vecinos de la ciudad de León (noroeste) denunciaran que el Gobierno que preside Daniel Ortega se había apropiado de la casa donde operaba esa Fundación, y había ordenado la expulsión de las cuatro misioneras brasileñas que lo administraban.

El Instituto de las Hermanas Pobres de Jesucristo, a la que pertenece la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, informó este martes que las monjas, a las que el Ejecutivo nicaragüense no les renovó la residencia, fueron acogidas en El Salvador.

Hasta el 7 de junio pasado, el Gobierno de Nicaragua había obligado a 77 religiosos a abandonar el país desde que estalló la crisis sociopolítica en esta nación centroamericana en abril de 2018, incluido al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, y monjas extranjeras, según Molina.