Estas últimas semanas el trabajo legislativo ha estado afectado por el caso Democracia Viva, cuyas ramificaciones tienen molesta a la oposición, que ha llevado el tema a la justicia, pero que no descarta medidas de fiscalización, ya que diputados del Partido Republicano y RN anunciaron el estudio de una acusación constitucional en contra de los ministros de Vivienda Carlos Montes, del Partido Socialista (PS), y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, de Revolución Democrática (RD).

Esta jornada de miércoles los diputados de la UDI decidieron aumentar la presión sobre el Ejecutivo, ligando el polémico caso de convenios irregulares a la tramitación del proyecto de Presupuestos para el año 2024.

Ello, porque Juan Antonio Coloma y Cristián Labbé advirtieron al Gobierno que algunas partidas de los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda podrían correr el riesgo de ser rechazadas si es que, al inicio de la tramitación del proyecto, el Presidente Gabriel Boric, mantiene en el cargo al ministro Jackson, “considerando los duros cuestionamientos que han surgido en su contra a raíz del grave caso de corrupción en que está envuelto su propio partido Revolución Democrática”.

Según los diputados, la figura de Jackson “desde hace mucho tiempo se convirtió en un estorbo para el Gobierno y llegó el momento de sacarlo de su cargo”. Y agregaron que en caso de persistir en mantener al ministro a cargo de la cartera de Desarrollo Social, Boric “estará poniendo en riesgo la aprobación de importantes partidas del Ministerio de Desarrollo Social, e incluso del Minvu”.

Ello, porque se les va a volver muy difícil “aprobar millonarios recursos a un ministro cuyo desempeño ético y profesional ha sido absolutamente deficiente” y acto seguido aseguraron que “esta crisis, desde un punto de vista político, se descomprime bastante con la salida de Jackson”.