Por medio de un oficio enviado a principios de junio por la diputada Yovana Ahumada (ex PDG), el Presidente Gabriel Boric conoció los antecedentes sobre el caso convenios que involucran a la fundación Democracia Viva, según admitió este miércoles luego de ser consultado por el momento en que se enteró de eventuales irregularidades en la entrega de recursos públicos que posteriormente se publicaron en diversos medios.

En medio de una actividad de entrega de viviendas en la región del Maule, Boric señaló que “el medio Timeline publica la noticia -si mal no recuerdo- el 16 de junio y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio que envía la diputada Yovana Ahumada, que es de la semana anterior”.

El mandatario evitó referirse a la situación del presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, que está siendo cuestionado por el oficialismo y la oposición, por haber tenido información previamente y no entregarla al gobierno antes que se desencadenara la polémica.  

Boric planteó que “no puedo hablar por el senador Latorre, pero apenas nosotros supimos, apenas yo supe, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente: se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos”.

Señaló que “acá no pongo las manos al fuego por nadie, todo el mundo tiene que estar disponible a ser investigado” y que “desde el Gobierno no se va a proteger a nadie, absolutamente a nadie, no se mete la suciedad debajo de la alfombra, que todo, absolutamente todo salga a la luz”.

Solicitó a los partidos oficialistas que “no empecemos con peleas entre nosotros” y que “en esto todos debemos estar en la misma vereda, transparencia total, da exactamente lo mismo el partido político, mejorar los estándares y trabajando juntos por la gente”.

Consultado por el anuncio de posibles acusaciones constitucionales en contra de los ministros de Vivienda, Carlos Montes, y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que han planteado diputados Republicanos y la UDI, sostuvo que “los parlamentarios tienen el derecho de ejercer las acciones que ellos estimen conveniente en materia de fiscalización”.