Un corrupto confeso se paseó sin problemas. Esteban Merlo, uno de los procesados en Estados Unidos por la presunta trama de sobornos en la estatal en liquidación Seguros Sucre, estuvo 22 días en Ecuador sin que su confesión de culpabilidad en dicho país tenga consecuencia alguna en la justicia ecuatoriana.

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En junio de 2023, el Tribunal del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos) autorizó que Merlo pueda viajar a Ecuador entre el 17 de junio y 8 de julio de 2023 para, según argumentó en su petición ante el Tribunal, visitar a su padre quien padece de un cáncer terminal.

Merlo llegó al país habiendo confesado a las autoridades estadounidenses su participación en la trama de sobornos que involucra a la estatal en liquidación Seguros Sucre y siendo parte de un proceso de cooperación con la justicia, tras haber firmado un acuerdo de culpabilidad el 28 de marzo de 2023.

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Pese haber confesado el cometimiento de un delito y de su presencia en el país, la Fiscalía General del Estado permanece en silencio. EXPRESO extendió la consulta a la entidad a través del canal oficial e informó que responderían en un plazo de hasta 15 días, tiempo en que Merlo ya estaría fuera del país.

La actitud del Ministerio Público es incomprensible, según José de la Gasca, jurista y exsecretario Anticorrupción, quien destaca que las declaraciones de Merlo ante la justicia estadounidense debieron motivar una indagación fiscal en Ecuador.

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“(Fiscalía) debió abrir una investigación, ejecutar actos urgentes y disponer su detención con fines investigativos. En fin, agotar todos las vías legales para hacer que él responda por los delitos que cometió (...)”, dice.

Cohecho y peculado serían los delitos que, a criterio del exsecretario, podrían enfrentar Merlo y sus cómplices por los “chanchullos” en la contratación de seguros y reaseguros de Seguros Sucre y Rocafuerte.

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Pese a la inacción del sistema de justicia ecuatoriano, en Estados Unidos Merlo enfrenta una pena de hasta 10 años de cárcel y una multa económica que ronda entre los 250.000 y el millón de dólares por el delito de lavado de activos cometido en dicho país, así como en cinco estados más, incluido Ecuador.

Además de la impunidad, Marcelo Merlo, excontralor general del Estado y expresidente del Consejo de la Judicatura, señala que la inacción de la justicia ecuatoriana en este caso (y en otros más) también tiene como consecuencia un perjuicio a las arcas fiscales al no poder recuperar los recursos mal habidos por los corruptos.

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“Para Estados Unidos es muy importante tener noticias criminis de atracos que hayan sido depositados en sus bancos para poder tomar esos recursos; excepto cuando hay cooperación (...)”, sostiene, aunque dice que la burocracia hace que esta posibilidad sea compleja y no dé los resultados que se esperan en la recuperación de recursos.

El origen de este problema, además de la indiferencia de las autoridades y falta de voluntad política, también surge por la falta de reformas legales contundentes que permitan la recuperación de los dineros ilícitos, señala Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Anticorrupción en Guayas.

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“Jorge Glas salió de la cárcel sin pagar un solo centavo de sus sentencias (...). Ecuador no tiene mecanismos para cobrarlas (...)”, continúa Ramírez y, al igual que el excontralor Merlo, sostiene que el fortalecimiento de la Ley de Extinción de Dominio es urgente para que los corruptos dejen de burlarse del Estado ecuatoriano.