Será la cuarta formulación de cargos para el exvicepresidente Jorge Glas, quien tiene a su haber dos sentencias ejecutoriadas por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos (seis y ocho años de cárcel) y la anulación de la condena por posible peculado en el caso Singue.
En esta ocasión la Fiscalía señala a Glas por posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa de alrededor de 22 kilómetros de extensión por más de 68 millones de dólares.
En la cuenta de Twitter de la Fiscalía, mediante un vídeo colgado en esa red social la fiscal Diana Salazar explicó que en 2019 la Contraloría determinó posibles irregularidades en la adjudicación del contrato de obra vial.
Los fondos para esa obra salieron de la Ley Orgánica de Solidaridad, a pesar de que “no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad, emergencia, reconstrucción y reactivación”.
La Fiscalía abrió la investigación previa para investigar ese proyecto que fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y “establecido como prioritario sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, de vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto”, dijo.
Justificó que por contar con los elementos de convicción necesarios pidió fecha para formular cargos en contra del exvicepresidente Jorge Glas, contra Carlos Bernal, secretario del Comité de la Reconstrucción de Manabí; y Pablo Ortiz, quien se desempeñó como exgerente de Ecuador Estratégico.
Édison Loaiza defendió a Jorge Glas en la etapa preprocesal. Dijo que al no haber sido notificados aún está en duda su asistencia a la audiencia de formulación de cargos que se realizará el 12 de julio, a las 09:00, en la Corte Nacional.
Quien convocó a la diligencia casi un mes después de que la Fiscalía presentó su solicitud es el juez Luis Rivera. Él es el mismo que fue ponente del tribunal que en apelación conoció el caso de presunto peculado en contra del exvicepresidente Jorge Glas y anuló la sentencia de ocho años que le impuso otro tribunal de la Corte Nacional en el caso Singue.
A Rivera se lo señala por su presunta cercanía al correísmo y por haber tenido conocimientos previos en el caso Gabela.
