“La preocupación del Ministerio (del Medio Ambiente) de abordar la situación de salmoneras en áreas protegidas persiste”, decían a DF desde la cartera liderada por Maisa Rojas dos semanas atrás.

Y no tardó mucho en haber novedades. Con fecha 22 de septiembre, el MMA emitió un oficio para aclarar “algunos efectos jurídicos que resultan aplicables” en el marco de la entrada en vigor de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

La tramitación de esa normativa estuvo protagonizada por las movilizaciones de la industria salmonera en contra del Gobierno, debido a una indicación del proyecto que eliminaba, a futuro, las concesiones acuícolas en reservas nacionales y forestales. Tras un empate en la Comisión Mixta del Congreso, dicha indicación quedó excluida.

En el oficio firmado por Ariel Espinoza Galdames como subsecretario (s) del Medio Ambiente, el Gobierno dijo que si bien la norma establece que las concesiones sectoriales que recaigan en áreas protegidas se regirán por sus leyes respectivas, hay una novedad regulatoria.

“Para el otorgamiento de tales concesiones se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de proyección y el referido plan de manejo del área”, dice la norma.

Así, el razonamiento del Ejecutivo es: “Mientras un área protegida, independiente de su categoría de protección, no cuente con plan de manejo vigente, no podrán otorgarse concesiones, debiendo quedar suspendida la tramitación del procedimiento, de pleno derecho, hasta la aprobación del  respectivo plan de manejo, de forma tal de evaluar la compatibilidad que exige el artículo en comento”.

Con esto, la circular agrega que el órgano competente para otorgar la concesión, deberá requerir un informe favorable del SBAP para entregarla definitivamente.

Mientras el nuevo Servicio no se encuentre en funcionamiento, ese informe deberá ser emitido por otras instituciones como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) o la Subsecretaría del Medio Ambiente, dependiendo de qué categoría de área protegida se trate.

El oficio fue enviado a los ministerios de Defensa, Economía, Bienes Nacionales, Hacienda, Energía, Minería, Agricultura y Justicia y la Corte Suprema.