El verdadero escándalo en que se ha transformado el traspaso de dinero desde Corfo a Hacienda cada día toma más vuelo; tanto políticos, especialmente de oposición, como expertos manifiestan sus opiniones, luego que la defensa que hizo el Gobierno a través del ministro de Economía, Nicolás Grau, parece haber caído en saco roto. E incluso intervino la Contraloría General de la República que indagará el proceso. Pues bien, este jueves habló la otra parte, Corfó manifestó su postura a través de una declaración pública de seis puntos en la que habla el vicepresidente ejecutivo del organismo, José Miguel Benavente.
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En este contexto, el vicepresidente ejecutivo, respecto de las transferencias de recursos al Fisco en los años 2023 y 2024, señala que el alza histórica de los precios del litio, registrada en los años 2022 y 2023, “generó ingresos excepcionales tanto para Corfo (por los pagos que realizan las empresas que explotan el Salar de Atacama) como para el Tesoro Público (por concepto de impuestos)” y que los traspasos solicitados por Hacienda, “en el marco de sus atribuciones legales, afectan sólo una parte de dichos ingresos extraordinarios”, lo que “fueron debidamente aprobados por el Consejo de Corporación y se llevaron a efecto conforme a la normativa vigente”.
A reglón, Benavente enfatiza –a través de la declaración- que “es fundamental remarcar que la liquidación de inversiones que fue necesaria para cumplir con las mencionadas transferencias se realizó de manera gradual y estratégica, según acordó el Consejo de la Corporación”; esto, añade, “permitió evitar pérdidas de capital en dichas operaciones, atendiendo con ello las preocupaciones que hizo presente esta administración ante el consejo, cumpliendo debidamente con el deber de resguardar el patrimonio de la institución”.
El vicepresidente ejecutivo de Corfo explica que “una vez efectuadas estas transferencias, al cierre del ejercicio 2024, el patrimonio de Corfo destinado a inversiones en el mercado financiero supera los US$ 1.500 millones y se mantiene en niveles muy superiores a los que se registraban al asumir este gobierno (US$ 160 millones)”. Y recalca que los antecedentes y análisis que condujeron a la polémica decisión, cuestionada desde la oposición, constan en las actas del consejo, que son públicas y en ellas “se expresan la distintas posiciones y argumentos de quienes participaron en las sesiones correspondientes”.
Por último, en el marco de la declaración pública, Benavente sostiene que “resulta necesario remarcar que corresponde a quien ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo resguardar, procurar hacer crecer y utilizar siempre de la manera más eficiente y eficaz posible el patrimonio de la Corfo, para los fines propios de la Corporación, sin que ello implique, en ningún caso, desconocer las atribuciones legales o las legítimas preocupaciones que puedan orientar la actuación de otras autoridades de gobierno”.
