La comisión mixta encargada de resolver los temas pendientes de la reforma al sistema de nombramientos y fiscalización de notarios, conservadores y archiveros, alcanzó un acuerdo y despachó el texto a ambas salas, para el trámite legislativo final de una norma que lleva casi ocho años de discusión en el Parlamento.

En la sesión de hoy, se acordó el procedimiento para la eventual división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), que era el único tema pendiente.

Los parlamentarios resolvieron que la facultad presidencial para dividir este oficio requiere de un informe favorable del fiscal judicial de la Corte Suprema, que debe recoger informes de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Además, se establece que se podrá requerir informes de otros organismos públicos para determinar la pertinencia de dividir el CBRS en hasta cuatro oficios. Si se establece la inconveniencia, se fija un plazo de cuatro años para volver a intentar dividir el CBRS.

Otros temas resueltos por la comisión mixta fueron establecer que se perfeccionan normas disciplinarias para los notarios y conservadores; la fecha para el cese de funciones de los notarios vitalicios con más de 75 años; y que la experiencia previa será valorada con hasta un 25% en la etapa de postulación a un cargo. 

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó de “una muy buena noticia” la aprobación en la mixta y que espera una aprobación final de ambas salas para que esta reforma se convierta en ley en junio.

Señaló que esta ley “permite mayor transparencia, fiscalización por parte del Sernac y los fiscales judiciales; y un sistema de selección centrado en el mérito con concursos vía ADP del Servicio Civil”.

La autoridad precisó que “esta reforma busca cuidar al Poder Judicial y mejora las condiciones de probidad porque saca la selección del Poder Judicial y la lleva al sistema ADP para que los jueces se aboquen a su rol jurisdiccional”. 

También, remarcó que se establecen inhabilidades para que ninguna persona con vínculos o parentesco con parlamentarios o miembros del Poder Judicial o Ejecutivo puedan acceder a cargos notariales: “Esto va a permitir que la ciudadanía confíe en que las personas que ejercen estos oficios son los más capacitados”, dijo Gajardo.

La senadora Luz Ebensperger (UDI) destacó que “finalmente sale un proyecto razonable que si bien, no es un cambio de estructura tan profunda como algunos pretendían, sí es una modificación en aquellas cosas en las que se hacía más ruido en materia de nombramientos de notarios y conservadores, dejar de lado el lobby, más meritocracia sobre otras posibles influencias”.

Agregó que “me parece que es un proyecto que cumple con los objetivos centrales al arreglar el tema de las tarifas que, si bien hoy está regulado, pero no se lleva a efecto” y que “me parece que la Alta Dirección Pública (ADP) es una forma razonable de resolver el tema de los nombramientos” y advirtió que “cuando esto se convierta en ley, el Ejecutivo que sea, debe pensar en más recursos para la ADP para poder llevar más concursos en forma paralela”.  

Respecto a la cesación de los notarios mayores de 75 en ejercicio, se resolvió que estas personas terminan funciones dentro de los seis meses desde que entra en vigencia la ley, que regirá a los seis meses de publicada, es decir, un plazo total de 12 meses para terminar con los cargos vitalicios.

El senador Pedro Araya (IND-PPD) destacó que este proyecto va a establecer una nueva forma de nombramiento, en donde el proceso de selección queda a cargo de la ADP, se establecen nuevas medidas de fiscalización con un estándar mínimo para quienes ejerzan oficios de conservadores y notarios en temas tecnológicos y contratación de personal.

"La comisión mixta acordó que el CBRS puede ser dividido, pero quedó sin abordar qué sucede con quienes actualmente ejercen el cargo de CBRS, ya que no se estableció un procedimiento de cómo estos funcionarios se trasladan a estos nuevos oficios”, dijo el legislador.  

En tanto, la comisión de Hacienda del Senado comenzó la discusión de la reforma al sistema de permisos sectoriales escuchando al ministro de Economía, Nicolás Grau, quien acordó junto a los senadores un procedimiento de trabajo en que los equipos técnicos del Gobierno y parlamentarios van a buscar entendimiento hasta el 19 de mayo para resolver los asuntos pendientes.

Luego, el plazo para indicaciones será acotado al 26 o 27 de mayo. Y finalmente, se pasará a la votación en particular en la sesión del 28 de mayo.

La presidenta de la comisión, senadora Ximena Rincón (Demócratas), informó que “hay 17 artículos de los 23 que tenemos que ver en que no tenemos problemas, pero necesitamos precisiones y estamos construyendo un acuerdo. Esperamos avanzar en estos días”.