En su exposición ante la comisión de Salud del Senado, la titular del Minsal, Ximena Aguilera, dio a conocer ayer martes aspectos relevantes de la propuesta de ley corta que diseña el Ejecutivo para instruir el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores de las isapres y establecer un marco para el funcionamiento de esta industria, en la recta final del plazo para concretar este proceso en mayo próximo.

Entre los puntos centrales, la ministra se refirió a la cuantía de las devoluciones que deberán realizar las isapres por los cobros aplicados por concepto de tablas de factores sobre el marco establecido en 2020. Al respecto, señaló que ese cálculo se basa estrictamente sobre los criterios establecidos por el máximo tribunal, y reveló que en el diseño del proyecto se desechó una propuesta de la industria que consideraba montos sustancialmente inferiores a los difundidos como base de la iniciativa legal.

“Aquí no hay una negociación de cuál es el monto, que está definido por los mismos términos que establece el fallo. Se debe rebajar el cobro a las personas producto de que se les va a aplicar la tabla de factores de aquí en adelante y, por lo tanto, se debe recalcular el costo del plan -lo que significa una merma en los ingresos de las isapre- y, al mismo tiempo, a ese mismo conjunto de personas hay que devolverle lo que la Corte establece que es un cobro en exceso. O sea, no hay posibilidad de negociar o de definir cifras”, señaló Aguilera.

Con ello, zanjó el tema abierto por informaciones respecto de la elaboración del proyecto que señalaban que frente a los cálculos de devoluciones por un total de US$ 1.400 millones, estaban en análisis de las autoridades otras estimaciones que rebajaban esa cifra a niveles de US$ 140 millones.

Sin entrar a los números específicos, la ministra explicó que las isapres “presentaron una propuesta que efectivamente acotaba el tema del pasivo y que nosotros analizamos en su mérito con toda la buena voluntad. Sin embargo, fue desestimada desde el punto de vista jurídico, ya que el Ejecutivo definió que esa propuesta no era compatible con la sentencia de la Corte Suprema, por lo tanto no la pudimos acoger”.

Aunque no confirmó si el monto de las devoluciones efectivamente asciende a US$ 1.400 millones, la señal respecto de que se trata de una cifra en torno a ese monto, así como l0s ejes del proyecto fueron recibidos con preocupación en las isapres, cuyas gerencias y directorios analizaban los escenarios al cierre de esta edición.

Asimismo, el sector privado de salud ha estado en alerta en los últimos días ante las versiones respecto de que el diseño del proyecto de ley corta impulsado por la ministra Aguilera no habría sido aprobado a nivel del Comité Político, especificamente por los ministros ligados al Frente Amplio y el Partido Comunista. Y que ante esa oposición, La Moneda intervino en el proceso con el objetivo de reformular el proceso.

De hecho, la posición en la que se encuentra la propia ministra de Aguilera en este escenario fue recogida ayer por lo senadores de la comisión de Salud, quienes le manifestaron su “apoyo irrestricto”.

“Ministra, nosotros la apoyamos, todos estamos al tanto de lo que ocurre: hay dos proyectos en La Moneda y sabemos de los conflictos que hay”, sostuvo el senador RN Francisco Chahuán. Por su parte, el presidente de la comisión Juan Luis Castro dijo que Aguilera “cuenta con nuestro apoyo transversal en la gestión de la cartera, más allá de críticas que algunos han deslizado”.

Envío de la ley corta

Consultada en varias oportunidades respecto a los plazos para el envío del proyecto de ley corta al Senado dado que no se cumplieron las fechas establecidas anteriormente –a inicios de marzo y luego en los primeros días de abril-, la ministra indicó que el despacho de la iniciativa se concretará “lo más pronto posible”. Sin comprometer esta vez una fecha específica, indicó que “hay otras urgencias en el Ejecutivo, así que estamos a la espera de que termine de revisarlo”.

Al adelantar algunos de criterios del diseño de la ley corta, indicó que un tema “financieramente complejo” para la futura estabilidad financiera de las isapres es que éstas deban aplicar simultáneamente las rebajas de los planes con la actualización de las tablas de factores y las devoluciones de los cobros anteriores ordenada por el fallo de la Suprema. “Nosotros queremos que el sistema sea capaz de cumplir el fallo. Por eso, se desplazarán estos elementos en el tiempo”, explicó.

Respecto del diseño del plan de pagos, manifestó que el objetivo es que “comience aproximadamente después de un año de que salga la circular para que no estén al mismo momento el impacto de la baja en los ingresos con el de la devolución”, estrategia cuya implementación y detalles serán revisados por un Comité de Expertos.

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