Visiblemente nerviosa y por momentos titubeante en las respuestas, María Guadalupe Burgos terminó siendo el plato fuerte de uno de los capítulos que más expectativas despertaba en el oficialismo dentro de la comisión de juicio político de Diputados contra la Corte Suprema, que era precisamente el referido a las irregularidades en torno a la Obra Social del Poder Judicial. Aprovechando eso, el oficialista Leopoldo Moreau recurrió a toda clase de tácticas para el interrogatorio -incluyendo resoplidos y el constante “tic-tac” de su birome a micrófono abierto- que expusieron todavía más los enredos en las respuestas de la testigo. Así, el cuestionario fue en círculos hacia las tareas administrativas que realizaba, cómo eran los procedimientos de pago a proveedores de la obra social, cómo fue la modalidad de designación que le habilitaba la firma. Todo parecía desembocar en el objetivo de que revelara si tenía alguna relación de parentesco de sangre o política con el juez Juan Carlos Maqueda. Burgos negó de plano cualquiera de esas opciones, reiteradas veces.
El que se ausentó y argumentó causas penales abiertas en su contra que lo excusaban de declarar bajo juramento fue el exdirector de la obra social Aldo Tonón que extendió una nota a la comisión y envió a un abogado para responder preguntas. Adujo que eran todas falsedades los cargos por los que estaba imputado. El foco de la previa estaba puesto en lo que pudiera responder sobre su cuestionada gestión. Oficialistas y opositores coincidieron en no hacer lugar a esa vía, y se inclinaron por volver a convocarlo y que evite responder preguntas que lo puedan comprometer, en persona. Ámbito había adelantado el lunes que existía posibilidad de que no acudiera a la cita de la comisión. Pero fue lo que decidieron para el abogado Marcelo Mazzeo, que se ausentó sin justificación para dos citaciones y ayer decidieron que lo convocarían en fecha a definir pero que debía ser traído por la fuerza pública. Mazzeo aparecía en las filtraciones de chats con una supuesta relación con el exministro de Seguridad de CABA Marcelo D´Alessandro. Será el debut de esta modalidad para testigos que no concurran.
“No hay acto administrativo, sino una orden. Hay una resolución que dispone que yo junto a otras personas estoy habilitada a firmar cheques y a realizar transferencias”, declaró Burgos, una empleada administrativa de la OSPJN que no quedó claro cómo fue que desembarcó desde la mesa de entradas a su actual rol. Tampoco cómo era específicamente el manejo de los fondos para disponer los pagos y los mecanismos internos de decisión para cubrir gastos con proveedores según su tipo de contratación. Entre nerviosa y lacónica en las respuestas, Burgos no ayudó a echar luz en un interrogatorio que por momentos se tornó tenso. Hasta los propios diputados que preguntaban quedaron envueltos en la confusión.
Germán Martínez se interesó en el resto de los habilitados para la firma de pago que trabajan en la Tesorería. Eran tres más. Burgos explicó que los pagos salen por firma conjunta de dos de esos autorizados. La testigo explicó que las órdenes de pago le llegan de contaduría. Moreau insistía con los plazos para las contrataciones directas. “Desconozco” fue la réplica más utilizada por la testigo a las preguntas más específicas. El “lilito” Juan Manuel López fue varias veces a su auxilio reclamando que las preguntas estaban dirigidas a alguien con un nivel mucho más amplio de conocimiento que el exigido para el rol que tenía Burgos, y hasta calificó de “intimidatorio” el tenor de las preguntas.
Muy incisivos los oficialistas en torno a las circunstancias de su ingreso a la obra social, la testigo describió todos las áreas donde se desempeñó hasta llegar a su actual posición. Otras preguntas apuntaron a la fecha en la que el directorio de OSPJN la había autorizado a firmar, algo que la testigo no recordó. Le preguntaron acerca de la auditoría que ordenó la Corte y si se había reunido con los profesionales encargados; o con los ministros del máximo Tribunal. La respuesta fue negativa. “No recuerdo” dijo acerca de cómo llegaban las ordenes de reintegro “por errores” que cursaba el presidente del directorio, además de confirmar que eran por escrito. Además, declaró que no se emitían cheques todos los días y a veces entre 3 y 8. Mara Brawer y hasta la presidenta Carolina Gaillard volvieron a preguntar sobre su parentesco con Maqueda y por el contenido del correo que el juez dirigió a sus colegas refiriéndose a la obra social, pieza que el oficialismo considera fundamental para establecer un nexo en las funciones de supervisión que tenía el magistrado sobre el funcionamiento de la obra social y sus eventuales desmanejos ya que allí parece desligarse de una relación no oficializada con su gestión y seguimiento. Burgos negó reiteradas veces que Maqueda fuese familiar y el conocimiento del contenido de ese correo electrónico que quedó tironeado en la interna de la Corte.
Otro testimonio relevante fue el de María Cristina Interlandi, una médica legista y perito que ratificó el informe que firmó pero aclaró que no contuvo conclusiones ni recomendaciones ya que “fue más un relevamiento para evaluar procedimientos”. Vanesa Siley apuntó a aspectos ligados a medicamentos y farmacia de la obra social. La invitada respondió que en los sistemas no coincidían valores, así como la comparación entre el stock informático con el físico. La testigo reforzó que desde 2008 crecieron “exponencialmente” las demandas de los afiliados. El contador Oscar Fernández también formó parte de la auditoría que ratificó en sus términos y que se trató de un encargo para encontrar “hallazgos” y donde se vieron “aspectos de procedimiento y cumplimiento, funcionamiento de circuitos, aspectos contables y financieros”. “No vimos ningún presupuesto en 13 años”, acotó. Detalló falencias hasta de espacio físico para el funcionamiento de la obra social. Dijo que no se contaba con un sistema contable y, por tanto, no se podía hacer contabilidad, ya que se cuenta con menos información que la que debería. “No es habitual”, aseguró sobre ese tema. Además agregó que “ningún balance pasó por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas”. Sobre esto, enfatizó que “tampoco es un tema definitorio” pero que si un afiliado pidiera un estado contable, lo lógico es que estuviera legalizado. Falta de control; sistemas “vulnerables”; sin sistema contable “integral” integraron el cuerpo de observaciones plasmadas en las 216 carillas de la auditoría.
El último tramo que dedicado a dos mujeres que declaraban en calidad de afiliadas que habían tenido problemas en el funcionamiento de la obra social por diversas necesidades, una de ellas delegada sindical de SITRAJU. El sistema de reintegros fue descripto como tortuoso. La contadora Melisa Solana que tuvo un fugaz paso como subdirectora administrativa y contable de la obra social pero pegó el portazo meses después. Proveniente de la AGN, aseguró que su renuncia se debió a motivos de “índole personal”. Así, descalificó expresamente versiones que habían aparecido en portales y diarios sobre una presunta discusión con el presidente actual Mariano Althabe. Reconoció que mantuvo una reunión con Horacio Rosatti y a las preguntas sobre cómo encontró la situación coincidió con las conclusiones de la auditoría sobre múltiples faltantes desde el punto de vista de registro de la contabilidad.
