Con la muerte cruzada el presidente pacificó al país, al menos unos meses, sin Asamblea que lo interpele ni rivales que tengan el tiempo o los fondos para movilizaciones en su contra. Muchos añaden que de esa pacificación solo gozan las esferas políticas, ya que el país sigue sumido en la violencia.

Sin embargo, pocos advierten que la muerte cruzada deja algo irresoluto: la delimitación entre lo político y el control constitucional. Si es que hoy hablan de la Corte Constitucional y su rol, es para enredarse: los correístas llaman dictadura a su creación y pretenden que nunca advirtieron un fraude constitucional cuando exigían la muerte cruzada, mientras que el anticorreísmo se olvida de sus acusaciones cuando se admitió el proceso del juicio político.

Esas opiniones inconsistentes demuestran una vez más la podredumbre de nuestra clase política. No valoran lo que está en juego. Los decretos-leyes que se admitan podrán ser derogados y los que se rechacen podrán ser pasados por la vía ordinaria, pero los precedentes que sienten moldearán nuestra política por un buen tiempo, incluso si la Constitución cambia, porque instalarán formas de pensar.

La Corte al dar paso al juicio y a la muerte cruzada dejó a los políticos hacer política y limitó su poder, pero también creó la situación por la cual deben determinar otra vez su alcance. Ahora decidirán qué es económico y qué es urgente.

La oposición, recelosa de la independencia de la Corte y deseosa de hacerle cargamontón al Gobierno, le exigirá que rechace medidas solo por ser liberales. También esgrimen artículos de la LOFL, que norma una función hoy disuelta. El oficialismo cita la Constitución para pedir que se le dé paso a todo y rápido, incluso coqueteando con la dudosa constitucionalidad de reformas laborales. Que la Corte decida.

Lo que debemos exigir es que la Corte prosiga en el camino que ha tomado y tome decisiones minimalistas que no invadan el mandato que, nos guste o no, aún tiene este presidente impopular. Y lo que debemos exigirnos es hablar con claridad y dejar de llamar constitucional o inconstitucional a lo que realmente solo nos parece bueno o malo, bonito o feo.