El pleno de la Corte Suprema sesionó ayer lunes en forma extraordinaria para abordar el cumplimiento del fallo por tabla de factores de las isapres en función de requerimientos originados por dos propuestas de ley que buscan estructurar una salida para devolver los cobros en excesos a los afiliados y mantener la estabilidad financiera de la industria, en circunstancias que sus actores alertan estar ad portas de un colapso del sistema privado de salud.

El esperado pronunciamiento del máximo tribunal tuvo dos ejes centrales. Por un lado, la Corte Suprema evitó referirse al “proyecto alternativo” presentado por un grupo de senadores –que consiste en una reforma constitucional- y, por otro, formuló observaciones a la iniciativa de ley corta que envió el Gobierno a inicios de este mes.

En este último tema, la ministra vocera Ángela Vivanco apuntó principalmente al artículo noveno del proyecto de ley corta del Ejecutivo que se refiere a las atribuciones de los tribunales de justicia.

“Primero, en que haya un ajuste respecto de los plazos, formas y las distintas etapas del procedimiento a lo que hoy ya existe en procedimiento de carácter administrativo, de tal manera que haya una coincidencia en lo que se dice aquí y los procedimientos de carácter administrativos. Segundo, que se aclaren las competencias, porque en algunas partes aparecen traslapadas competencias de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema, lo que es importante ajustar de modo que quede muy claro cuáles son los órganos competentes”, explicó Vivanco.

Consultada por las razones del pleno del máximo tribunal para pronunciarse respecto de la ley corta y no sobre el proyecto alternativo, la ministra explicó: “en uno había normas, particularmente el artículo noveno, que se referían a facultades de los tribunales, en el otro, no. Y en consecuencia, nuestra competencia está asociada con que haya referencia a las facultades de los tribunales. Habiéndola, nos pronunciamos, si no la hay, no nos pronunciamos, porque no nos corresponde”, enfatizó tras finalizar el pleno.

Asimismo, Vivanco indicó que los pronunciamientos fueron acordados por la unanimidad de los 20 ministros en ejercicio.

Reforma constitucional

En relación a la reforma constitucional –presentada por un grupo de senadores de Chile Vamos y Demócratas, y que adquirió fuerza tras ser aprobada en la comisión de Constitución de la Cámara Alta-, ésta busca establecer un mecanismo de compensación a la baja de ingresos por tabla de factores, autorizando a las isapres aumentar sus precios base, el otro factor central en la determinación del valor de los contratos.

Al respecto, Vivanco explicó que “revisado el texto, tanto de la consulta como del proyecto, lo que se ha concluido es que se trata de una consulta en una materia que no cabe dentro de las competencias del Poder Judicial”.

Sobre este argumento, la vocera indicó que “hemos decidido omitir un pronunciamiento, ya que no tenemos competencia para pronunciarnos respecto de él”.

Cabe señalar que la Superintendencia ha calculado que la aplicación de la ley corta impulsada implicará un monto global de devoluciones para las isapres en torno a US$ 1.400 millones por concepto de cobros realizados por encima de las tablas de factores vigentes desde abril de 2020, a lo que se suma una disminución permanente de ingresos futuros en torno a 10%.

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