Muertes violentas por luchas de territorio para la venta de drogas, cuerpos colgados en puentes, restos humanos desmembrados en sacos, mensajes con amenazas de muerte en locales comerciales, entidades educativas y hasta en viviendas; extorsiones tipo ‘vacuna’ con explosivos y, ahora, lo que menos esperaba la ciudad: un hombre con carga explosiva.
Son hechos que, de a poco, han ido calando y ahondando el nivel de inseguridad que se vive en la Zona 8 (comprende Guayaquil, Durán y Samborondón), pero especialmente en la Perla del Pacífico, donde ayer se vivieron horas de terror por lo que sería el primer caso de colocación de un artefacto explosivo a una persona.
El general Willian Villarroel, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, informó que este año el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) ha intervenido en más de 40 alertas con explosivos, en su mayoría por extorsiones, pero es la primera vez que la carga es colocada a un ser humano.
Según las investigaciones preliminares, a la víctima, quien labora en una empresa dedicada al comercio de joyas, le habían colocado la carga en el torso y una de sus piernas, lo que fue retirado horas después por personal experto en explosivos de la Policía Nacional.
La situación no solo llevó a la evacuación de todo el personal del mercado de Sauces 9, en cuyos exteriores se vivió el hecho, sino a acordonar más de 120 metros del perímetro donde estaba el hombre, en medio del pánico y la conmoción que vivían moradores, transeúntes, familiares, comerciantes de la zona y la ciudadanía en general, que ve con estupor lo que ocurre en el Gran Guayaquil y en general en todo el país. Algo similar a lo que se observaba en otras épocas en países como Colombia y aún en México.
“Lo que está sucediendo actualmente pasó hace veinte años en Colombia. Primero fueron las llamadas extorsivas, los mensajes, las volantes y ahora los explosivos”, resumió Jhon Garaycoa, experto en Criminología.
Uno de esos hecho ocurrió el 15 de mayo de 1999, en la localidad de Simijaca, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia, donde Elvia Cortés de Pachón, habitante de ese municipio, murió porque le colocaron un collar bomba. En ese hecho también perdió la vida un técnico antiexplosivos de la Policía. Los delincuentes le habían advertido a ella que si en diez horas no les entregaba una millonaria cifra, harían activar la bomba, según lo relató en ese entonces el diario El Tiempo.
El 25 de marzo de 2010, otro hecho que conmocionó al mundo y que estuvo ligado a actos terroristas fue el registrado con Heriberto Grueso Estupiñán, un estudiante de 11 años. El menor de edad fue engañado por integrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que llevara un paquete a la estación de Policía de El Charco, en Nariño, donde explotó. El caso fue conocido como el 'Niño bomba'.
“Parecería que fueran actos orquestados para tumbar al Gobierno, pero estas elucubraciones o hipótesis quedan a un lado porque ya ocurren a diario”, analizó el abogado Juan Jiménez, profesor universitario y experto en Derecho Penal, al referirse a lo sucedido en la Zona 8, como la muerte violenta de Nathaly López Borja, quien se desempeñaba como directora administrativa del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Ella fue baleada la noche del martes 29 de marzo, en el sur de Guayaquil. Horas antes, dos policías y un civil también fueron baleados por dos sujetos en moto. Uno de los uniformados murió. A eso se suma el asesinato tipo sicariato de un hombre que la noche del miércoles 29 fue baleado dentro de un restaurante en Plaza Lagos, en Samborondón.
“A diario asesinan a personas en Durán, en Guayaquil, en Samborondón, en todas partes. El problema ya no es solo la Zona 8, es a nivel país. Nunca nos hubiéramos imaginado ver cadáveres colgando en un puente como ocurrió en la Unidad Nacional. Son básicamente hechos que nuestro hermano país Colombia vivió años atrás y lastimosamente el Estado como institución ha fracasado”, manifestó Jiménez.
Una moradora del sector donde apareció el hombre con la bomba manifestó que la afectación es para todos: la víctima, los vendedores y los residentes. “Hay tres afectaciones. Primero, la financiera, pues se dejó de vender. También dejamos de hacer nuestras actividades cotidianas (trabajar, estudiar), no se podía salir de las viviendas. Y la peor, la afectación psicológica, ya que si eso le hicieron a un guardia, lo pueden hacer con cualquiera”, dijo aterrada la mujer.
Jiménez y Garaycoa concuerdan en que no se ha implementado una política criminal correcta, enfocada en la educación, salud, pago de sueldos a maestros, proveedores. “Hay problemas realmente en todas las áreas del Estado. En función de eso llegamos a estos niveles, como se ve en series de Netflix”. Y todo esto, en medio de una crisis política con el anunciado juicio político al presidente de la República.
