El Presidente Gabriel Boric confirmó que solicitó a todos los ministerios que revisen los mecanismos de asignación de recursos a las fundaciones y elevar los estándares para evitar que se repitan situaciones como la ligada a Revolución Democrática (RD), Democracia Viva.

El mandatario afirmó que “es importante que acá nada se esconda, toda irregularidad debe salir a la luz”.

Desde Alto Bío Bío, donde recorrió las zonas afectadas por el frente de mal tiempo, indicó “no podemos meter a toda la gente en el mismo saco; a la gente que hace bien la pega, que se mantenga”.

Más temprano, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ya había anunciado que el Gobierno analiza cambios legales al sistema de financiamiento para erradicar los campamentos en el país, tras las investigaciones penales y administrativas que se han abierto en contra de la Fundación Democracia Viva por el traspaso $ 426 millones en contratos por trato directo de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en los que están involucrados militantes de Revolución Democrática (RD) de ambas partes.

El ministro realizó las declaraciones tras reunirse con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, con quien analizó los eventuales ajustes. “Hay un aumento de los campamentos y ocurrió este hecho. Frente a ambas cosas tenemos que modificar el sistema (de financiamiento)”, dijo.

Montes, que se reunirá hoy con fundaciones para explicarles los cambios, confirmó que son, hasta ahora, seis las personas con contratos en fundaciones que cumplían además labores de apoyo en Seremis o Serviu. No obstante, descartó que recibieran remuneraciones del Minvu.

Sospecha de delito

La destitución de la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD) no ha contribuido a aplacar los ánimos en el caso Democracia Viva. De hecho, durante el fin de semana diversos representantes de Revolución Democrática endurecieron el tono, mientras que en el oficialismo persiste la inquietud sobre nuevas ramificaciones y eventuales efectos en el ministro socialista Carlos Montes.

En ese marco, el presidente de RD, senador Juan Ignacio Latorre, presentó ayer una querella en contra de quienes resulten responsables de eventuales delitos en el marco de los convenios suscritos entre la Fundación Democracia Viva y la seremi de Vivienda de Antofagasta.

A diferencia de la semana pasada, Latorre sostuvo que de los antecedentes se desprende la “sospecha de delito”.

“Se forma una organización que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado, con muy amplia diversidad de temas, para sacar provecho de los recursos públicos”, dijo y no descartó la existencia de una red para defraudar al Fisco.

El ministro de Desarrollo Social y militante de RD, Giorgio Jackson, reconoció que el caso le ha resultado “doloroso, porque las mismas cosas que congregaron en RD tienen que ver con la lucha a los episodios de corrupción”.

En conversación con Tele13 Radio, sostuvo que debe impulsarse “tolerancia cero (...), entregar toda la información para que se manifieste quiénes son responsables, hasta dónde llegan los niveles de responsabilidad y tomar las medidas tanto a nivel del órgano interno, como de administración pública para que no se repita”.