El ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó detalles de la nueva reforma tributaria con foco en las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), anticipando que el lunes la presentará ante el Congreso.

Luego de participar en una nueva sesión del Gabinete Procrecimiento junto a ministros sectoriales, el secretario de Estado explicó en La Moneda los ejes de la iniciativa, que contempla reducciones de impuestos para las pequeñas compañías y nuevos beneficios tributarios para la clase media, cuyo efecto en menores ingresos será compensado con aumentos de gravámenes en otros rubros.

En primer lugar, el proyecto consolidará lo que se denomina la "ruta del emprendimiento", para así facilitar el tránsito de las firmas de menor tamaño hacia un régimen denominado "transparente" de tributación, para que así se transforme en el sistema general para este sector. 

Aquello implica que los contribuyentes estarán exentos del Impuesto de Primera Categoría a las utilidades corporativas, por lo que más bien tributarán por el Global Complementario que corresponde a sus dueños. Para lograr esto, Marcel anticipó que Hacienda eliminará algunas restricciones hoy vigentes para acceder a este sistema.

Asimismo, la propuesta incorporará el denominado "monotributo", que será un régimen transitorio al que podrán acceder los nuevos emprendimientos durante sus dos primeros años de funcionamiento, que implica que cumplirá todos sus compromisos con el Fisco en materia de impuestos con el pago de un monto fijo en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Dicho esquema también incorpora beneficios de IVA para los próximos dos años luego de que la microempresa salga del monotributo.

Marcel también adelantó que la reforma contemplará beneficios de gasto en favor de la clase media. 

Por ejemplo, habrá nuevas deducciones de gasto para incentivar los desembolsos en arriendos de propiedades a la hora de declarar los impuestos personales, con un tope anual de $ 6,6 millones, lo que equivalen a un arriendo mensual de $ 550.000.

"Es decir, se va a poder descontar de la base del impuesto a la renta el pago de arriendos, de la misma manera que actualmente se hace con los intereses que se pagan por los dividendos de créditos hipotecarios", explicó el titular de las finanzas públicas.

También, dijo que se incorporarán cambios operativos al crédito tributario que beneficia los gastos realizados en educación.

Asimismo, confirmó que la nueva norma contempla un límite de pago de contribuyentes para los adultos mayores, equivalente al 5% de los ingresos para los pensionados que sean parte del 60% más vulnerable de la población. Este beneficio aplicará incluso si dichas personas no logran acceder a la política que permite reducir entre 50% y 100% las contribuciones para los adultos mayores.

En la conferencia de prensa, Marcel dijo que el conjunto de beneficios fiscales tendrá un costo de US$ 1.000 millones para las arcas públicas, por lo que la norma incluirá también compensaciones, que se traducen en alzas de impuestos en distintas áreas.

Así, habrá tres categorías que verán cambios para recaudar esos US$ 1.000 millones: el tramo más alto del impuesto personal, la tributación de los fondos de inversión, y modificaciones a los gravámenes aplicables a herencias y donaciones.

Sobre el gravamen personal, Marcel adelantó que se modificarán los dos tramos superiores del impuesto Global Complementario, volviendo al esquema que estaba vigente hasta el 2014. O sea, que quienes ganen más de $ 8,2 millones al mes (o sea, 150 UTA) estarán afectos a una tasa marginal del 40%.

La segunda compensación se relaciona con los fondos de inversión privados, limitando sus beneficios fiscales y manteniéndolos solo cuando realicen inversiones en capital de riesgo: "Hoy en día, hay muchos fondos de inversión privados que se dedican a otros propósitos distintos de aquellos para los cuales se creó este régimen", fundamentó Marcel.

El tercer ajuste tiene que ver con cambios en los impuestos a las herencias y donaciones, que ya habían sido legislados en la Ley de Cumplimiento Tributario pero que fueron rechazados en la discusión en el Senado a mediados del 2024.