Christian Poletti, el abogado de Independiente, sentenció que la situación que está viviendo el club de Avellaneda por la deuda al futbolista Gonzalo Verón es la quiebra. El letrado calificó que resulta imposible pagar semejante dinero (más de 2 mil millones de pesos) en una demanda laboral.

"Realmente esto es la quiebra de Independiente. No podés pagar semejante dinero en una demanda laboral. Es imposible. Sinceramente nunca leí una sentencia laboral como la de Verón a Independiente. No existe. Está todo orquestado. Es una sentencia que decreta la muerte de Independiente. Siempre se supo que no se iba a contestar la demanda", señaló Poletti en el programa partidario Muy CAI Radio.

“Desde el inicio de la contratación de Gonzalo Verón, algo no estaba bien. Se firmó un contrato que se hace en Inglaterra o Francia. Fue insólita y todo lo que siguió es una vergüenza. Estamos frente a un delito documentado", comentó al respecto.

Por otro lado, se refirió a la gestión anterior que fue presidida por Hugo Moyano: "Lavado de activo es lo que creemos nosotros que existió acá en este caso. Estamos trabajando para decretar a todos los culpables que hayan tenido que ver. Le hicieron un daño muy grande al club. En unas semanas estudié el asunto. No tardé meses. Tenemos una sospecha muy grande. Hay delitos que serán mostrados en la justicia. No tengo dudas que hay culpables, soy optimista".

La sentencia del Tribunal de Trabajo Nº 2 de Avellaneda que la semana pasada ordenó a Independiente a pagarle millones de dólares (que no tiene) a Gonzalo Verón, exjugador del club, generó un caos en el club.

La palabra “quiebra” comenzó a sobrevolar Avellaneda y no faltaron quienes parangonaron la situación con la que atravesó Racing dos décadas atrás.

Esto puso sobre la mesa la Ley 25.284, que en aquel momento sirvió como salvavidas para la "Academia" y que en el futuro podría alcanzar, voluntaria o compulsivamente, a Independiente.

La norma, cuya denominación es “Régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas”, fue sancionada por el Congreso Nacional el 6 de julio de 2000, y apunta a que las asociaciones civiles deportivas que tuvieran una quiebra decretada pudieran continuar con sus actividades y, de esa manera, “proteger al deporte como derecho social”.

La aplicación de la norma, todavía vigente, acarrea el desplazamiento de la Comisión Directiva y de los órganos institucionales y estatutarios, y la constitución de un fideicomiso a cargo de un órgano fiduciario, responsable de la administración del club e integrado por tres miembros: un contador, un abogado y un administrador deportivo.

La labor principal de ese órgano es generar ingresos genuinos que permitan garantizar el pago a los acreedores y a los trabajadores de la institución, y así sanear el pasivo.