Una de las exigencias más firmes y fuertes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le impuso a la Argentina como objetivo para cumplir dentro del Facilidaes Extendidas firmado en marzo del año pasado, parece haberse suspendido del acuerdo. O al menos, durante el Gobierno de Alberto Fernández. Se sabrá luego si en el próximo ejercicio deberá o no cumplirlo. Se trata del revalúo inmobiliario, una de las joyas negociadas por Martín Guzmán para el tratado cerrado el año pasado, y que no pudo aplicarse durante 2022, pero que el organismo que maneja Kristalina Georgieva reclamaba para este 2023. Finalmente, con el reconocimiento que políticamente es una utopía pensar en su aplicación este ejercicio, el FMI dejó de reclamarlo, para concentrarse en otros capítulos quizá más factibles y realistas. Como la segmentación tarifaria.
Si bien el revalúo inmobiliario no pudo generalizarse por la negativa de las provincias, la Nación si avanzó y elevó los precios de las viviendas de todo el país incrementando los valores para la liquidación de Bienes Personales del ejercicio 2022; que comenzará a pagarse este año. Algo que obviamente generará un incremento de unos $150.000 millones en los ingresos previstos en este impuesto. Entre otras provincias y regiones Capital Federal, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, no tienen en sus planes aumentar sustancialmente la carga tributaria a los bienes inmuebles; intención a la que se sumarían Entre Ríos, Jujuy, Corrientes y otras reparticiones. La negativa se mantendría durante este ejercicio también, con lo que tampoco podría avanzar en 2023.
El Palacio de Hacienda logró recaudar en 2022 unos $65.000 millones fruto de la aplicación del incremento de los valores de base de la mayoría de las viviendas de todo el país, para los contribuyentes alcanzados por Bienes Personales; medida, obviamente, impulsada por el Gobierno nacional. Luego, para 2023 el incremento en los ingresos se duplicaría y alcanzaría los $130.000 millones. Sería por el efecto que la medida tendría en ese tributo, afectado también por el incremento que impactaría en el mínimo no imponible y el alza de los activos sobre los que cae el impuesto. Pero, además, el alza en el tributo que se paga en las provincias y municipios también debería aportar este año un porcentaje de los ingresos, de manera directa o indirecta, a través de la firma de un pacto fiscal.
Según el Ejecutivo, el mecanismo de revalúo fiscal no puede relacionarse con un aumento de impuestos, sino con cambios en la manera de determinar el objeto tributable. El Gobierno mantendría, así, su máxima sobre que el acuerdo con el organismo que conduce Georgieva no incluye ningún alza de impuestos vigentes, o la creación de nuevos; sino que se trata de una corrección sobre el activo donde se calcula el pago. Sutil diferencia, pero, afirman en el Ejecutivo, legalmente salvable.
Objetivos
La intención final era que anualmente por esta vía se llegara a un aporte total de entre 0,3 y 0,4% del PBI de reducción del déficit por esta vía, lo que hubiera implicado unos $150.000 millones a valores del año pasado; y más de 200.000 millones para 2023. Si se le sumara al revalúo lo que se obtendría por la reducción de los subsidios a la energía proyectados en un 0,6% del PBI; en total el Palacio de Hacienda llegaría a un ahorro total superior a los $600.000 millones de déficit; o, medido de otra manera, un 0,8/ 0,9% de desequilibrio final para 2022 y 2023. No se logró esa meta. La revancha ahora es lo que se recaude por Bienes Personales.
