En una nota explosiva dirigida al directorio de la Obra Social del Poder Judicial, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti profundizó el escándalo que se agiganta por los presuntos desmanejos en torno a la administración de las prestaciones médicas destinadas a los miembros de la Justicia con miles de afiliados. Con fecha 4 de abril y dirigida a Mariano Althabe y Cora Boresztejen, -actuales encargados de normalizar sus prestaciones- el magistrado hizo referencia a un informe que tendría por objetivo dar respuesta a la resolución 2095/2022 que está relacionada a la auditoría que encargó la Corte para revisar, precisamente, qué había pasado con la obra social durante los años que estuvo bajo el mando de Aldo Tonon, un hombre que estuvo ligado al juez Juan Carlos Maqueda y que terminó siendo desplazado, jaqueado por las denuncias de irregularidades.
“En atención a que fue notificado a los ministros sin respuesta alguna, me siento en la obligación de notificarle e iniciar el correspondiente procedimiento. Es un informe irregular en muchos sentidos”, disparó Lorenzetti que dividió su nota en dos: la “gestión de Tonon” y la de Althabe para culminar en la tachadura de nulidad sobre todo lo informado por “extemporáneo”.
Lorenzetti repasó los que serían “incumplimientos” de Tonon y reveló: “nunca informó a la Corte Suprema acerca de esos incumplimientos ni hemos sido notificados al respecto, hasta el momento de la auditoría ordenada por esta Corte”. Sostuvo que eso tampoco se refleja en una nota que envió Maqueda el 31 de agosto de 2021 en la que se desligó del manejo de la Obra Social como “supervisor” y que allí sostiene que se destacaron logros como “finanzas saneadas, incorporación de prestadores y eliminación de prácticas corruptas”. “Lo cierto es que a partir de la auditoría, se tomaron nota de irregularidades contables y administrativas, lo que fue publicado y enviado al juzgado que investiga los hechos del directorio, por decisión de esta Corte”, subrayó Lorenzetti en relación a la causa que está abierta en el juzgado de Ariel Lijo en Comodoro Py y que es uno de los ítems que tiene en carpeta profundizar la Comisión de Juicio Político de Diputados para analizar el rol de los jueces del máximo Tribunal.
Pero a renglón seguido, Lorenzetti menciona también que “en la auditoría se revelan incumplimientos durante la gestión del Dr. Althabe que no han sido respondidos en esta nota”, lo que es un tiro por elevación hacia Horacio Rosatti quien fue el que impulsó la designación de esta suerte de interventores que conformarían un directorio colegiado con participación del gremio y de las asociaciones de Magistrados. “No explica por qué sigue con los mismos incumplimientos que se denunciaron en la auditoría”, fustigó. Calificó de “particularmente grave” que no tenga presupuestos para 2022 y 2023, y que se le encargó un sistema a una contadora que se desvinculó “de manera abrupta”. “Admite que todos los balances desde el 2006 al 2020 fueron presentados, y los únicos que no están presentados son los del año 2021 y 2022 que corresponden a su gestión”, disparó. Ese período abarca no solo las sucesivas presidencias de Lorenzetti sino también parte de la de Carlos Rosenkrantz. Cuestiona, el juez, que no se haya llamado a licitación para el software. Así pasó a considerar que en los aspectos formales y consideró “vencido el plazo para la respuesta” y con singular ferocidad -para este tipo de comunicaciones formales- replica que ahora “contestan sin que nadie se los haya requerido”, a 6 meses de plazo vencido. “La nota es inválida desde todo punto de vista”, fustigó Lorenzetti que apuntó a que el directorio en pleno debería dar respuesta, algo que no cuenta con respaldo de reuniones, dos integrantes que no asumieron aun, una que firma sin contrato y la ausencia de Tonon, que en lo formal seguía en funciones.
El estiletazo final de Lorenzetti anuncia que “inicia procedimiento legal” lo que aviva más el clima de interna en la Corte con seguro correlato en la comisión.
