Después de la fuerte crisis de mediados de 2022 dada la escalada de los tipos de cambio financieros y una notable caída de reservas internacionales, asumió Sergio Massa con mayor poder que sus antecesores para intentar contener la situación financiera, y así bajar la inflación e intentar sostener la actividad económica. Los anuncios iniciales apuntaron a la reducción del déficit fiscal y la eliminación de financiamiento del BCRA al Tesoro, de manera de contener la expansión monetaria brutal, que está atrás de la escalada inflacionaria.
Sin embargo, las medidas que finalmente adoptó no hicieron más que contener la crisis, ya que sólo se lograron reducir parcialmente las brechas cambiarias, mientras que el riesgo país siguió en ascenso y lo que es más complejo, la inflación siguió en alza (pese a dos meses de leve desaceleración mensual) y la actividad comenzó a caer a nivel mensual desde septiembre. Por su parte la reducción del déficit fiscal de 2022 fue en buena medida resultado de ajustes transitorios del gasto, en tanto que la mejora de ingresos se debió a anticipos de recursos que se hubieran cobrado en 2023: retenciones producto del dólar soja I y II, y los adelantos de anticipos de ganancias. Esto ya anticipaba un fuerte desafío para el sendero fiscal de 2023.
En el primer trimestre de este año el escenario económico tuvo un notable deterioro: la inflación se aceleró y el primer trimestre rozará un 21%, que anualizado supera ampliamente el 100%, cada vez más lejos de la pauta oficial de 60% en el año, mientras que los datos parciales indican que la actividad económica tuvo una mediocre performance.
Por su parte, en el plano financiero, las tensiones se agudizaron, ante la fuerte caída de reservas internacionales, pese a que el BCRA siguió depreciando el tipo de cambio oficial a un ritmo cercano al 6% mensual, y a que los controles y trabas para acceder el dólar oficial siguen en ascenso. Esta dinámica, que anticipábamos, se debe a la fuerte caída de las exportaciones.
En el plano fiscal, las cuentas públicas mostraron un fuerte deterioro en el primer bimestre del año. Como consecuencia de ingresos que mostraron una peor performance y un gasto primario que subió más que los ingresos, el déficit primario alcanzó un 0,25% del PBI, prácticamente la meta para todo el primer trimestre. Estos resultados implicaron un incremento en las necesidades de financiamiento y llevaron al gobierno a realizar a comienzos de marzo un canje voluntario para los instrumentos con vencimiento entre marzo y junio pero que no logró reducir lo suficiente la incertidumbre.
De hecho, los malos datos económicos que se fueron conociendo durante marzo y la notable revisión a la baja de la cosecha, provocaron un nuevo pico de tensión financiera. Así, el gobierno decidió, mediante el DNU 164/23, que diversos organismos públicos deban canjear sus bonos en dólares bajo ley extranjera por instrumentos en pesos bajo legislación local (bono dual a 2036), y a su vez, vendan los bonos en dólares bajo ley local que tienen en cartera, a través de subastas en el mercado. En síntesis, esto implica que el gobierno va a colocar deuda en dólares (a tasas altas, entre 25% y 45%) para financiar el déficit fiscal (que es en pesos) y, al mismo tiempo, tratar de controlar los tipos de cambio financieros.
De esta forma, abril arranca con un panorama muy incierto, faltando poco más de cuatro meses para las PASO y en el marco de elecciones provinciales, que, como todo año electoral, generarán tensiones adicionales.
Producto de la sequía, se estima que las exportaciones caerán unos US$ 20.000 millones respecto del año pasado, lo que implicará que en estos meses, donde se produce el pico de liquidación, la oferta será insuficiente. Así, el gobierno intentará obtener divisas por varias vías, como un “dólar agro” (similar al dólar soja previo, pero incluyendo otros productos regionales), y desembolsos adicionales de organismos internacionales. Estos esfuerzos, sin embargo, no compensarán el faltante, por lo que la tensión sobre las reservas seguirá presente, provocando incertidumbre financiera. En el plano de la actividad, se agudizará el efecto de la menor cosecha, que impactará tanto en forma directa como indirecta (comercio, transporte, construcción, industria alimenticia y de maquinaria agrícola principalmente).
Estos factores pondrán fuerte tensión en las cuentas públicas, debido a menores ingresos tributarios y mayores presiones de gasto social, en un contexto donde, por el contrario, el Gobierno debe redoblar el esfuerzo para intentar acercarse a la meta acordada. Como factores de contención de gasto, seguirán aumentando las tarifas de luz y gas, fundamentalmente en el AMBA, lo que tendrá en el corto plazo un efecto inflacionario. Así, el gobierno puede aspirar en el mejor escenario a sostener el statu quo en materia de depreciación controlada del tipo de cambio oficial y de inflación, que rondaría entre el 6% y 7% mensual. En un contexto de menor actividad, la pobreza seguirá en alza, confirmando un panorama muy negativo e inestable.
