Pablo Tigani: "Los modelos económico tradicionales están agotados en la Argentina"

 Pablo Tigani:

En un revival de la tradicional sección de Ámbito el Economista del Mes, en esta oportunidad el análisis de la coyuntura y las perspectivas económicas y políticas corresponden al doctor Pablo Tigani de la Fundación Esperanza, quien advierte sobre el agotamiento de los modelos neoliberales híbridos, luego del fracaso 2015-2019 con 3 de 4 años de recesión, y un exceso de encarecimiento de los precios que llevó al doble la tasa de inflación, desde 2015 hasta 2019 (57.4%%) anual.

El director ejecutivo de la Fundación Esperanza considera temerarias las propuestas presentadas por los candidatos que se han expresado, porque todas ellas podrían constituir la explosión postergada desde 2018, una bomba de tiempo que dejó plantada el gobierno de Mauricio Macri cuando luego de perder el crédito internacional, se consumió el enorme potencial de financiamiento que la Argentina tenía para el desarrollo, a cambio de nada.

En contraste, si se realiza una renegociación de la deuda con el FMI en forma inteligente y disruptiva, actualizada con los tiempos, y se piensa fuera del estuche, la Argentina tiene un gran porvenir. Existe una gran oportunidad: Recuerde que la deuda del pais representa mas de la mitad de la cartera crediticia del FMI. Ambas partes: deudores y acreedores han asumido un riesgo que ahora deben enfrentar en forma mancomunada. No debe encararse con frases épicas ni amenazas, sino con pragmatismo, con prudencia y habilidad, como se realizan frecuentemente cuando las grandes corporaciones y los bancos realizan un “bail out” (sacar de apuro).

¿Cómo llegamos hasta situación?

Después de la tragedia del gobierno de Cambiemos, la economía argentina tuvo que enfrentar la renegociación de una deuda impagable por volumen y perfil de vencimientos. Luego llegó la pandemia, los efectos de la guerra en Europa y, la sequía; de la mano de un presidente que hizo lo que pudo y lo que supo, aunque nunca logró ingresar en un proceso virtuoso dado que la herencia recibida más los conflictos que enfrentó, eran irreversibles en el corto plazo. Fernández tuvo que mantener y aumentar el déficit fiscal para conservar el financiamiento, porque en 2018 Argentina perdió el crédito internacional y, en 2019 dejó menos de 10.000 millones de dólares de reservas netas en el BCRA, con una deuda pública de u$s 334.000 millones más el equivalente a otros u$s 80.000 millones en Leliq. Cambiemos tomo el gobierno con un PBI de u$s 560.000 millones de dólares y lo devolvió con u$s 334.000. En 4 años se consumieron 40% del PBI en dólares. Alberto Fernández no tenía instrumentos que le permitieran alentar la demanda doméstica. Luego de haber demostrado que se podía bajar la tasa de Leliq en 30 puntos porcentuales apenas asumió, demostró que se podía haber pagado muchísimo menos dinero que el concedido a los bancos durante la presidencia de Guido Sandleris (BCRA). La tasa de interés real positiva de la administración Cambiemos fue extravagante, Fernández y Guzmán la mantuvieron siempre real negativa, es decir, por debajo de la tasa de inflación. Con todos esos problemas se logró navegar la pandemia y rebotar al año siguiente, inclusive crecer hasta el presente.

A partir de junio 2022 hubo un reemplazo de ministro y cambió el enfoque ideológico de la economía. Comenzaron entonces los gestos pro mercado, amigables con el sector financiero internacional, que conectan con una realidad mundial difícil de modificar, aunque se pretende transformar con gestión y negociación política. El ministro de economía cobra un rol político trascendental, teniendo en cuenta que, a la vez, es candidato a presidente del oficialismo. Así se llega a las elecciones 2023, con la macroeconomía mostrando un crecimiento bajo, que se va desacelerando, con tensiones inflacionarias, un incipiente debilitamiento fiscal, y muy buenas noticias con respecto a la futura provisión de energía y exportación de minerales.

¿Dónde estamos?

Estamos en el comienzo de la campaña presidencial. Massa podría actuar como futuro presidente y encarar un programa de 5 años, pero no lo es. A nivel operativo la política de controles, subsidios y restricciones luce exigida, casi consumida, y la inflación se desacelera levemente, pero en valores muy altos. Los niveles de pobreza heredada del periodo 2015-2019 (40% bajo la línea de pobreza) y la caída del PBI per cápita de más de 10% fueron irreversibles en 42 meses, con choques exógenos: pandemia, guerra y sequía. Tengamos en cuenta que este gobierno heredó un país que perdió la solvencia en 2019 “default selectivo de la deuda en pesos”, S&P y, recogió una colosal deuda contraída con anterioridad, concentrada en dólares y vencimientos inminentes, cifras siderales para los dos primeros años de la nueva administración.

Poco se ha hablado sobre los costos económico, políticos, e institucionales del gobierno de Mauricio Macri, que aún no se han revertido, ni se revertirán en una década. Al contrario de lo que piden ciertos políticos y periodistas, de una hecatombe política y económica se debe hablar durante largo tiempo y, se debe analizar académicamente para no volver sobre los pasos. Ya lo hemos hecho sobre 2001, queda pendiente esta versión escandalosamente ocultada y desinformada. Cuando se decidió: “pagar lo que diga Griesa” a los fondos buitre, nuestro riesgo-país no bajó, y se desató una ola de solicitudes de préstamos en dólares a tasas de 7 y 8% de alrededor de u$s 106.000 millones adicionales a los que debía la Argentina. Como dato de color, se emitió deuda a 100 años. Gran parte de toda la deuda contraída fue invertida en Lebac primero, y Leliq más tarde, dejando un saldo de deuda al BCRA de alrededor de u$s 80.000 millones al tipo de cambio de esa época. En forma paralela hubo u$s 86.000 millones en formación de activos externos (fuga de capitales del circuito institucional). Argentina paga anualmente intereses y amortizaciones de una deuda extravagante que dejó la gestión Macri, que según Nicolas Dujovne no existía, recuerde: “la bendición de un país desendeudado”. Todos esos contratiempos destruyeron la credibilidad de nuestro país, sin contar con los escándalos: del Banco Nación durante la presidencia de González Fraga y los 300 millones de dólares otorgados a la concursada Vicentin durante el periodo de sospecha, el pago del soterramiento del Sarmiento, la multa artificiosa pagada a las autopistas, los parques eólicos, las autopistas, el perdón de deudas a empresas energéticas, el blanqueo prohibido por Ley y autorizado por Decreto a los familiares y amigos, la causa Correo y un sinnúmero de cuestiones no saldadas.

Pero lo más grave fue el carry trade o bicicleta financiera haciendo realidad el trilema (tipo de cambio planchado, libre movimiento de capitales y política monetaria autónoma) contra cualquier ingenuidad técnica.

Todo esto contrastó con el crecimiento económico del periodo previo 2003-2015. La mejor calidad de vida de los sectores más postergados y de la clase media (compra de autos, artículos para el hogar, indumentaria, celulares, aire acondicionado, contratación de servicios privados, turismo de fines de semana largo…y, todo eso sucedió mientras el país se desendeudaba). La relación de deuda/PBI paso de 53% a 94%. En dólares, paso de u$s 148.881 millones en 2015, a u$s 249.046 millones en 2019 (creció más de 67%).

El gobierno de Cambiemos fue consumiéndose el trabajo (desempleo creció de 6% a 9.5%), la industria reinvertía utilidades en un país donde la inversión a PBI global en un momento alcanzó 23 puntos porcentuales.

El problema de hoy es que los industriales argentinos prefieren ajustar precios antes que invertir para aumentar la producción, en un contexto incierto, debido a la inflación y el futuro político. A nivel internacional, según el FMI las empresas en todo el mundo generan ganancias inusuales e incompatibles con el bienestar general, que además espolean en forma importante la tasa inflación internacional, a partir de la pandemia.

En la coyuntura el Gobierno necesita moderar la inflación aplicando mesura en el déficit fiscal, la política monetaria, logrando estabilidad cambiaria con todo tipo de controles. Una devaluación generaría un proceso de inflación incontrolable, que afectaría profundamente los ingresos ya maltrechos (caída mayor al 20% durante 2015-2019). El Gobierno de Fernández aumento el empleo, pero siguió permitiendo el deslizamiento del poder adquisitivo de los salarios y los ingresos informales.

Mientras tanto, el BCRA, está en la batalla contra una inflación, que no es de origen exclusivamente monetario, aunque el crawling peg tiene una incidencia decisiva. La política monetaria surfea evitando una restricción extrema que complicaría el nivel de actividad, las expectativas, y contribuiría poco a controlar la inflación.

¿Cómo sigue todo?

Agotado el modelo económico de 2015-2019-variedad 1976-1983-, distinto al de 2003-2015, la lógica que hoy domina las decisiones económicas, tiene que ver con una reestructuración del acuerdo con el FMI, convidado nuevamente a la Argentina por la administración Macri, luego de 13 años de ausencia. Tampoco el modelo 2003-2015 se puede transpolar en un mundo completamente diferente, con una situación de arrastre demorada desde 2018, con potencial de estallido social mayor que en 2001.

En este contexto corresponde esperar la continuidad en la inflación, en un marco de una economía en desaceleración. Esta situación tiene causas fundamentalmente internas, generadas durante el gobierno de Cambiemos, donde se batió récord de déficit gemelos en 35 años durante la mitad del periodo, y luego se produjo un ajuste feroz en la otra fracción del mandato. El contexto internacional puede agravarse por la extensión de la guerra en Europa, la espectacular suba acumulada de la tasa de interés y el clima-sequias-, más una incipiente recesión mundial.

Los problemas económicos son muy difíciles de superar sin audacia, creatividad, imaginación e innovación, y sin exitosas negociaciones con los acreedores externos e internos. Si se produce una renegociación favorable, la coyuntural desaceleración de la economía no tendría por qué ser un problema, ni sobrevendrían costos sociales, ya que inmediatamente se recuperaría la inversión, y la generación de empleo.

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