Si algún país sudamericano ha atravesado en estos últimos cinco años cambios radicales en la sensibilidad y expectativas de su sociedad, es Chile, que ha transitado sin pausa de lo que algunos llamaron el espíritu revolucionario, mesiánico e incendiario de octubre 2019 a la demanda de estabilidad y reglas de juego presente cada vez con más fuerza desde 2022.
Precisamente, uno de los analistas políticos y culturales más lúcidos, José Joaquín Brunner, advirtía en noviembre de dicho año que “Vivimos un momento conservador en la sociedad chilena”, y que, “…en el trasfondo de este fenómeno existe un desbalance entre las demandas por seguridad y libertad”. La conclusión era, y sigue siendo cada vez más, que la exigencia de seguridad era la prioritaria frente a otras demandas, lo que implica la necesidad de la gestión.
Primero fue el rechazo a la propuesta constitucional de la Convención chilena, integrada en su mayor parte por personajes tan radicales como solitarios, (todas las diferentes minorías deben estar presentes, como sentencia el código de lo políticamente correcto) que no pudieron convencer al país y tuvieron que irse a su casa después de haberse desgastado, redactando un texto, digno por su español y por la lógica de sus razonamientos, de formar parte del museo de seres imaginarios. Otra vez la vuelta a lo que Brunner llama, entre otros, el gerencialismo y sus valores de efectividad, eficiencia, rendición de cuentas y evaluación de desempeños y resultados. ¿Cómo enfrentar sino a la creciente inseguridad puesta de manifiesto en las encerronas, la presencia cada vez más fuerte del crimen organizado y sus lamentablemente típicas expresiones como el aumento del consumo de droga, el uso de armas de alto calibre, la trata de personas, el pillaje, chantajes y extorsión?
A raíz del asesinato de la sargento de carabineros Rita Olivares, en Valparaíso, la semana pasada, que provocó una conmoción nacional, el presidente Boric y su gobierno fueron duramente cuestionados: “Basta de reacciones simbólicas y de anuncios de querellas contra quienes resulten responsables”, equivalente el “hasta las últimas consecuencias” que ya sabemos no va a ninguna. Chile exige hoy seguridad.
